Después de una gran polémica y de una ofensiva judicial que incluyó la imputación de un jefe comunal y de un juez de Faltas, hubo acuerdo entre los intendentes de 18 localidades que cobran fotomultas y las autoridades de la Provincia. Con esto, se podrán seguir aplicando las controvertidas sanciones contra automovilistas que transiten en infracción, en los tramos de ruta que atraviesan esas localidades.

Al cabo de una reunión en la Casa de Gobierno, se acordó que sólo podrán ser válidas las infracciones en las que un inspector libre un acta y le haga firmar al infractor. Con este acuerdo se busca avanzar para que los procedimientos se ajusten a la ley de control de tránsito en las rutas cordobesas. El ministro de Gobierno, Carlos Caserio, puntualizó que “los radares y las cámaras pueden ser utilizados, pero no como elemento único para labrar una multa”. Aclaró que “podrán ser utilizados como un importante elemento probatorio en el caso de una apelación”.

“Nuestro interés es la seguridad vial y no un fin recaudatorio”, remarcó el ministro. “La multa no se puede fundar en una foto, y si quieren hacer valer su autonomía municipal, aún sobre las rutas que son provinciales, tendrán que armar un operativo con inspectores, balizas y señalización”, agregó.

La intención es trabajar en un acuerdo y en las próximas semanas formalizar un convenio con los 18 municipios. Una de las principales concesiones que lograron las comunas del interior fue el compromiso de homologar el instrumental que están utilizando. “Vamos a asesorarlos para que los aparatos que utilizan cumplan con los requisitos de la ley nacional y provincial”, dijo Caserio.