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 Villa de María
Trece juzgados de paz de distintas localidades del interior -entre ellas cuatro del norte provincial- tendrán nuevas autoridades, luego de que la Legislatura aprobara los nombres elevados por la Junta de Calificaciones y Selección. Se trata de la primera vez que llegan al cargo esos funcionarios mediante este mecanismo, que reemplazó a la tradicional selección "a dedo" que los gobernadores realizaban. El cambio se produjo mediante la sanción de la nueva ley 9.449 hace tres años, que estableció la creación de una Junta de Calificación integrada por representantes del Poder Ejecutivo, de la Legislatura, del Tribunal Superior y de la Fiscalía General. Ellos tienen la misión de analiza los antecedentes de los diferentes postulantes, para luego elevar una orden de mérito ante la Legislatura. Tras haber sido aprobada, sólo resta que el gobernador Juan Schiaretti designe por decreto a los flamantes jueces de Paz.
Entre ellos se cuentan Sergio Arce (Villa de María de Río Seco), María Godoy (Sebastián Elcano), Marcelo Cano (Eufrasio Loza) y María Colazo (Candelaria Norte).
Ante la renuncia de la representante de la oposición en el Tribunal de Cuentas de Villa del Totoral, María Teresa Díaz Navarro debió asumir para ocupar la banca perteneciente a la Unión Cívica Radical. María José Altamirano se alejó del cargo a comienzos de marzo, sumándose a anteriores renuncias que fueron modificando la composición de ese tribunal.
De los integrantes elegidos en los últimos comicios para controlar las cuentas municipales, el radicalismo ya cambió dos veces a su representante. Primero, Lucrecia Torre de Céliz se alejó del cargo tras realizar denuncias sobre presuntas irregularidades que no tuvieron ningún eco. Fue reemplazada por Altarmirano, quien ahora también dimitió, con lo cual Díaz Navarro debió asumir.
La flamante vocal por la UCR comentó que decidió hacerse cargo de esa responsabilidad porque así entiende el compromiso asumido cuando aceptó integrar la boleta de candidatos en las elecciones, más allá de algunas dificultades que afronta en su vida personal, como la crianza de un hijo con problemas de discapacidad.
Con esta asunción, el Tribunal de Cuentas quedó integrado, además de Díaz Navarro, por Agustina Moyano y Eduardo Lemos, por la mayoría justicialista.
 Un grupo de vecinos de Totoral aguarda una respuesta a la nota que elevaron al intendente Ernesto Bernabey, en la cual denuncian el avance de loteos ilegales en la zona del Cerro de la Cruz (foto aérea). El texto fue entregado en la sede municipal, según señalan los firmantes, "ante la imposibilidad de hacerlo personalmente como hubiera sido nuestro deseo" y debido a que "la gravedad" del tema los "preocupa enormemente". Asimismo, advierten que en caso de no encontrar eco al reclamo, denunciarán penalmente el caso de supuesta usurpación ante la Justicia. "Nuestra legítima preocupación -dice la nota- se ha confirmado al tomar conocimiento de la venta del predio Noroeste del cerro y del alambrado clandestino e ilegal de algunas parcelas que integran la totalidad del mismo". El grupo vecinal -impulsado entre otros por Carlos Novillo Corvalán- remarca "la importancia emblemática y espiritual que el Cerro de la Cruz tiene para nuestro pueblo. Sería reiterativo recordar historias, antecedentes, misiones religiosas, actos patrios conmemorativos, festivales folclóricos y diversos hechos acecidos a su vera, todo esto documentado y archivado en esa Comuna; como también en diversas instituciones especializadas en el estudio del Camino Real que pasa por su frente. Todos estos antecedentes y el testimonio de los habitantes de esta villa acreditan plena y rotundamente la posesión y legítima propiedad de este monumento natural y de los predios que lo circundan, sobre los cuales la Municipalidad de Totoral ha realizado durante muchas décadas actos de posesión de toda índole: limpieza y colocación de escenarios para actos diversos, iluminación, casilla de cloración del agua corriente, etc. Los mismos los efectuó y los efectúa desde que el municipio fue creado, en forma quieta y pacífica, realizando actos posesorios, confirmando así la legitimidad de nuestras justificadas preocupaciones". Además, recuerdan que el entonces propietario de los terrenos del cerro, Alejandro Moyano, "antes de su fallecimiento acaecido aproximadamente hace unos 70 años, donó en forma expresa al Municipio de la entonces Villa General Mitre ese inmueble. La generosidad del Dr. Moyano no hizo sino confirmar el valor que represente nuestro Cerro para todos los totoralenses, que siempre lo hemos considerado un símbolo, a tal punto que en el escudo que nos identifica, está el Cerro con la Cruz del Señor en su cima". Al cabo de otra serie de precisiones, los firmantes de la nota reclaman que "la Municipalidad de Villa del Totoral realice urgentemente todas y cada medida civil y/o penal que corresponda para que cese la ocupación ilegítima e ilegal, bajo apercibimiento de solicitar por las vías pertinentes se proceda a formular la denuncia penal por usurpación y deducir todas las acciones que nos pudieran comprender, formulando asimismo las reservas legales pertinentes". La nota, presentada a fines de enero último, aún no obtuvo respuesta y la construcción de numerosas propiedades en los terrenos supuestamente usurpados continúa sin pausa. Ante las características de la situación planteada, no se descarta la posibilidad de denuncias también contra las autoridades municipales por el no cumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos.
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